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martes, 31 de mayo de 2016

Fiscales y Jueces que aprovechan su posición para delinquir, se puede ser peor...

Predicar sin ejemplo. Pobres adinerados que nunca están satisfechos con lo que tienen. Justicia para ellos, dejarán sus "tesoros" aquí cuando sigan su camino de esclavitud...

"Ganarse las simpatías de los jueces"

En esa misma conversación, Pineda aclaró a su socio que debía ingresar a cada juez 300 euros, excepto “al que viene de Burgos”, que debía cobrar 500 euros, probablemente por la distancia que había recorrido hasta Sevilla. “Vale, el de Burgos, 500”, contestó Solé. Los investigadores consideraron que con ese diálogo quedaba claro que “uno de los principales objetivos de Ausbanc organizando jornadas jurídicas” era el de “ganarse las simpatías de los jueces, magistrados y fiscales” que intervenían en ellas. A mayor número de simpatías, más posibilidades tenía Pineda de que sus casos cayeran en manos de conocidos.
Esa era una de las cuestiones que más le preocupaban. En una conversación sobre un litigio del 13 de enero con el delegado de Ausbanc en Málaga, Granada y Jaén, Pineda le pidió: “Bueno, entonces infórmame, y otra, en cuanto sepas en qué sección de la Audiencia ha caído en Sevilla, me lo cuentas”. “Sí, sí, por supuesto”, respondió el delegado. “Vamos a ver qué jueces tenemos, macho”, añadió Pineda. “Para que no caiga en la sección segunda, macho, ni en la quinta”. El presidente de Ausbanc soñaba con que cayera en la sección novena, que supuestamente les había favorecido en una resolución anterior.
Braulio Medel. (EFE)

En otra llamada sobre la acusación contra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, en el caso de los ERE, Pineda aseguró que el nuevo juez que instruye el procedimiento, Álvaro Martín, era un habitual de sus jornadas y se mostró satisfecho por ello. La lista de magistrados y fiscales que asistían a sus seminarios era intencionadamente larga. En ella figuran el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas; el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Supremo Rafael Fernández Valverde; el actual vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes; el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Heriberto Asencio; el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, y la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las próximas generales, Margarita Robles, que acudió a un Foro Jurídico de Ausbanc en 2013 cuando era vocal del CGPJ.

Hasta 1.000 euros por ponente

Aunque habitualmente pagaba 300 euros a los ponentes, otras fuentes aseguran que la cifra llegó a veces a los 1.000 euros y que Pineda incluso abonó en algunos casos gastos de desplazamiento y alojamiento al invitado y a un acompañante. Según fuentes cercanas al procedimiento, el presunto cerebro de la trama no solo buscaba la simpatía de los funcionarios públicos. También le gustaba rodearse de ellos para transmitir más temor a las víctimas de sus extorsiones.
El órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, emitió un comunicado el pasado de 21 de abril cuando se publicaron las primeras informaciones que vinculaban a magistrados con Manos Limpias y Ausbanc. “La participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas”, defendió la nota. Pero la clave no está en los pagos, sino en el efecto que estos pudieron tener en quienes los recibieron

lunes, 2 de mayo de 2016

Una realidad penal y penitenciaria a golpe de telediario

Fuente: http://periodistas-es.com/una-realidad-penal-y-penitenciaria-a-golpe-de-telediario-69172
Una red de organizaciones sociales en España desmonta tópicos sobre la realidad penitenciaria en España, señala el profesor José Carlos García Fajardo, al concluir que la mitad de los presos podrían estar en la calle si funcionara el principio de reinserción social.

José Carlos García Fajardo1

En 1975 había 8440 personas presas en España mientras que en 2015 hay 61.614 y proporcionalmente hemos pasado de 23 a 133 personas presas por cada 100.000 habitantes, según la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP).
El 76 % de los delitos que se cometen son contra el patrimonio. Es decir, tres de cada cuatro. Los delitos violentos representan una parte muy inferior del total, la mitad de la tasa europea.
El incremento de la población penitenciaria en España desde 1987 no se basa en el incremento de la criminalidad. Este activismo regulador demuestra que el Código Penal se ha modificado “en caliente”, desde criterios sensacionalistas y necesidades electorales. En sus 20 años de historia el Código Penal ha sufrido más de 30 reformas, la mayoría de ellas han aumentado la duración de las penas, han extendido las conductas sancionables y han dificultado la aplicación de medidas alternativas reinsertadoras.
Siendo uno de los países de Europa occidental (UE-15) donde se comenten menos delitos, somos el tercer país con mayor proporción de población penitenciaria. El análisis de los tiempos de condena nos apunta en el mismo sentido ya que nos sitúa muy por encima de la media europea: un 154 % por encima del promedio europeo.
Según el artículo 25.2, de la Constitución Española: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados […] tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”. Sin embargo, la prisión permanente revisable del nuevo Código Penal atenta contra el principio de reinserción y contra el principio de dignidad inherente a todas la personas.
Hemos pasado de un 25 % de libertades condicionales en 1996 a un 16 % en el año 2014, cuando está demostrado que las personas que pasan el último periodo de su condena en régimen abierto y  en libertad condicional tienden a reincidir menos que aquellas personas que son directamente excarceladas. Las concesiones de tercer son la respuesta más adecuada para determinados tipos de delitos que no suponen un riesgo para la sociedad.
Además, las personas que acaban su condena en esta modalidad reinciden mucho menos.
Además, la justicia no parece ser igual para todos: Un 60 % de las personas encarceladas en España lo están por delitos de mediana gravedad, hurtos, robos y venta de drogas que reciben penas privativas de libertad más elevadas que antes del Código Penal de 1995. En estos días por desgracia son noticia los delitos por evasión fiscal, corrupción de políticos, de empresarios, delincuencia de bánksters que muestran las diversas varas de medir.

Para que el hurto sea condenado con pena de prisión de hasta 18 meses el valor de lo sustraído ha de ser superior a 400 euros, en cambio, para que defraudar a Hacienda sea considerado delito hace falta defraudar más de 120.000 euros, y además si se paga la deuda, se retiran los cargos, algo que no sucede si el que roba un pantalón de una tienda lo devuelve.
Si se reconociera el derecho a consumir algunas substancias hoy penadas con prisión se podría rebajar la población penal en cerca de 30.000 personas. Nadie obliga a otro a convertirse en drogadicto, en alcohólico o fumador de cannabis. Esas substancias no son la causa de las adicciones sino el medio de evadirse de causas más profundas y de ahí los términos de chute, viaje, trip. Nunca he conocido en mis treinta años de visitas a prisiones a nadie obligado a fumar, a beber o a tomar otras substancias que, por lo general, pueden obtenerse en farmacias con recetas.
Sucederá un día como ocurrió con la Ley Seca en Estados Unidos, que sólo produjo incremento de cirrosis hepática por la mala calidad de los productos y crimen organizado como  nunca se había conocido. Derogada la infausta Ley no se aprecian modificaciones en el índice de alcoholismo ni en el consumo de tabaco o derivados. Y que no se diga que son productos que pueden causar la muerte porque en droguerías, ferreterías y la propia casa tenemos en abundancia.
Es un tema social muy grave que tiene que ver con la educación en valores, el derecho a un trabajo y vivienda digna, a la sanidad universal y gratuita y a una sociedad más justa y solidaria que la que padecemos en medio de una injusticia tan demencial como la mayor arma de destrucción masiva, la explosión demográfica y el desastre.
  1. José Carlos García Fajardo es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)