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martes, 17 de octubre de 2017

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCIÓN, AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E IMPULSO DE LA MEDIACIÓN


 
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCIÓN, AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E IMPULSO DE LA MEDIACIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones, potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales, publicado por Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, se exponen las cuestiones que, en relación con los puntos antes expresados, pueden suscitar los comentarios u observaciones, a las que podrán añadirse todas aquellas que se estimen convenientes.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, hasta el día 17 de noviembre de 2017, a través del siguiente buzón de correo electrónico: gabinetetecnico.sgaj@mjusticia.es

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado. Se ruega indicar que la remisión de comentarios al correo indicado es a efectos de la consulta pública de la Reforma de la norma referida.

Muchas gracias por su colaboración.

Madrid, 16 de octubre de 2017

Antecedentes normativos.

La norma cuya reforma se aborda es la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En tiempos recientes esta disposición fue modificada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en aras a potenciar el uso de las tecnologías, a lo que se pretende dar continuidad. Por otra parte, en materia de mediación los antecedentes normativos se encuentran en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, por la que se incorporó al ordenamiento español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como en el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre).

1. Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

La reforma legal que se abre al período de consulta previa no responde a un único problema sino que, como toda modificación de una disposición troncal del ordenamiento jurídico procesal, pretende solucionar un catálogo de disfunciones derivadas de la vertiginosa evolución de la sociedad española. No obstante, la reforma que se quiere abordar tiene como nexo común afrontar el problema de la agilización de los procedimientos desde varias perspectivas.

Una primera línea de actuación abordaría la actualización normativa derivada de las necesidades impuestas por el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, incentivando y potenciando su utilización. Se analizará la posible extensión de la obligación del uso de las mismas a determinados grupos de personas físicas y se responderá a la necesidad de proponer y admitir las fuentes de prueba que pueden registrarse en cualesquiera soportes o instrumentos electrónicos o digitales.

La fase de ejecución de las resoluciones judiciales y decretos sigue presentando aspectos mejorables. Se debe analizar la posible intervención de otros operadores jurídicos en puntos específicos de la ejecución, la mejora en los sistemas de realización de los bienes, la minimización de los costes derivados de la ejecución, en particular en los contratos garantizados.

Desde esa misma perspectiva, se ha advertido cómo los objetivos fijados  en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles no ha logrado superar toda la potencialidad augurada desde su gestación, sin duda alguna por cierto anquilosamiento en mecanismos de solución de conflictos de indudable carácter novedoso y un tanto alejados de la jerarquía impuesta por el criterio jurisdiccional.

En materia de contratación con los consumidores se ha detectado el recurso frecuente e indiscriminado a la vía jurisdiccional como solución o contestación a las quejas y reclamaciones de los consumidores, en aquellos casos en los que consideran incumplido el contrato, lo que supone trasladar a los órganos judiciales una problemática que debiera finalizar en el propio seno de la relación empresario o profesional y consumidor, abordada bajo el prisma de la buena fe y la transparencia. Complementariamente a la definitiva transposición de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento y del Consejo de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, se abordará la normativa genérica relativa a las diligencias preliminares para ajustarlo a las nuevas necesidades surgidas con motivo de varios años desde su primera plasmación normativa ampliando el espectro de posibilidades que permiten.

Por último se considera que deben abordarse mejoras de carácter técnico.

2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

La reforma tiene como parámetro principal la agilización del proceso judicial civil, así como la mejora de su eficacia. En orden a las comunicaciones en el proceso, la reforma viene condicionada por razones de oportunidad tras la experiencia en materia de expediente digital y medios de comunicación digital con la que ya cuenta la Administración de Justicia que permite dar nuevos pasos tendentes a su consolidación y expansión.

Ligado a lo anterior y en términos de eficacia la implantación de las nuevas tecnologías debe ir acompañada de reformas que garanticen la efectividad de la ejecución de las resoluciones judiciales, de forma que lo que se gana acometiendo la transformación digital no se pierda por trabas normativas en la ejecución de las resoluciones. Y con la misma finalidad de contribuir a una justicia eficaz se satisface la demanda general de explorar y desarrollar las soluciones derivadas de la mediación.

 

3. Objetivos de la norma.

Desde el punto de vista de las comunicaciones, el objetivo es la generalización progresiva y segura del uso de las Comunicaciones Electrónicas y, al tiempo, la mejora del régimen de actos de comunicación, clarificando el recurso a la notificación edictal, - que se modernizaría de forma acorde con el uso de las nuevas tecnologías -, al establecer normas en cuanto a los cambios de domicilios y notificaciones.

En materia de contratación con los consumidores se busca promover las políticas de buenas prácticas empresariales, basadas en incentivar respuestas eficaces a las quejas y reclamaciones de los consumidores, que eviten en la medida de lo posible el recurso sistemático a la vía judicial, como alternativa de respuesta a un conflicto de consumo. 

Respecto de los medios de prueba se pretende incorporar un nuevo caso de diligencia preliminar de contenido amplio, que permita acceder a información contenida en determinados documentos que no están a disposición de quien pretende demandar. Con ello se podría corregir alguna interpretación de los tribunales que seguían considerando a las diligencias preliminares como un numerus clausus, originando posibles situaciones de indefensión cuando el demandante no puede acceder a los datos que permiten sustentarla adecuadamente; asimismo se mejorarán las facultades del juez en orden a la obtención de determinadas pruebas, la fijación de límites a la demanda de información así como medidas de garantía de la confidencialidad y del catálogo de consecuencias derivadas de la negativa a facilitarla. La reforma apostaría por resolver, con amplitud y perspectiva de futuro, la aportación al proceso de medios de prueba registrados en cualesquiera soportes o instrumentos electrónicos o digitales, según el avance de la tecnología.

Desde la perspectiva de la mediación, es una realidad que en los países europeos, como el nuestro, en los que la transposición de la directiva en la materia no introdujo medidas incentivadoras, el despegue de este mecanismo alternativo de resolución de disputas ha sido limitado. La reforma que se acometa ha de estar, por ello, orientada a introducir los incentivos adecuados para aproximar a los ciudadanos a la institución de la mediación y favorecer su desarrollo, considerando las ventajas que entraña tanto para las partes (por el menor tiempo y coste de solución del conflicto) como para la Administración de Justicia (por la reducción de los niveles de litigiosidad).

En orden a la agilización y mejora de la efectividad de la ejecución se pretende la reducción de los costes de los depósitos judiciales de bienes sujetos a contratos de los que deriva la obligación de entrega inmediata así como la puesta a disposición de los mismos de sus propietarios reclamantes; la mejora en los mecanismos de realización y de bienes acudiendo en la medida de lo posible a las posibilidades que ofrece la evolución tecnológica; asimismo se pretende extender a la ejecución provisional el tratamiento, en materia de costas, al vencido que cumple voluntariamente, como elemento de equilibrio entre las partes.  Procede también llevar a la ejecución la revisión de las políticas sociales respecto de las personas en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad.

4. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

No hay una alternativa no regulatoria en la consecución de estos objetivos, dada la naturaleza procesal de la materia lo que determina de forma inequívoca el cauce de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se postula.

 

PROPUESTA PARA LA REFORMA EN MATERIA DE MEDIACIÓN.

Grupo de Trabajo Centro e Institución de Medición Entidad Integral.

  1. Se debe hacer la mediación obligatoria ante los centros debidamente registrados ante el Registro del ministerio de Justicia.
  2. Se debe implementar el sistema Lexnet para los centros de Mediación y para los mediadores al objeto de ganar en eficacia y eficiencia.
  3. Se debe habilitar dentro del punto Neutro ante una solicitud de mediación la solicitud y activación de datos de la otra persona en litigio al objeto de que la mediación sea efectiva especialmente en notificar al contrario cuando ha cambiado de domicilio.
  4. Se debe habilitar que todas las mediciones se puedan llevar a cabo por medios telemáticos.
  5. Se debe plasmar en la reforma la validez y ejecutividad de las mediaciones hechas ante el mediador oficial inscrito ante el ministerio de justicia.
  6. Se debe otorgar validez a los poderes generales para pleitos hechos ante el mediador.
  7. Se debe plasmar en la vigente ley de justicia gratuita la mediación y el mediador.
  8. Que la mediación en el ámbito penal se pueda llevar a cabo y cuando las partes lo entiendan así tengan obligatoriedad para todos, puesto que hemos llevado a cabo mediación voluntarias en materia penal en las cuales las partes voluntariamente arreglaron sus disputas de forma pacífica teniendo que ir al juzgado no sirviendo para nada la mediación y causando graves daños a la cosa pública sin resultados diferentes a la mediación.
  9. Que en materia laboral pueda hacerse la mediación en los y ser ejecutiva y válida en los centros de mediación y ante los mediadores acreditados, al igual que se hace en el SMAC o servicios públicos de mediación arbitraje y conciliación, evitando gastos a los justiciables, ciudadanos y pérdidas de tiempo evitables con los centros mediación privados a elección de las partes.
  10. En referencia a seguros y daños por accidentes especialmente de automóviles que sea obligatorio y vinculante que las partes antes del inicio de un proceso judicial se sometan a la mediación y que ésta sea ejecutiva y de ejecución prioritaria en caso de incumplimiento en caso de incumplimiento.

viernes, 13 de octubre de 2017

El Senado aprueba de forma definitiva la nueva Ley del Trabajo Autónomo

El Pleno de la Cámara Alta ha aprobado de forma definitiva la nueva Ley de autónomos, que entrará en vigor en próximos días tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas son las principales medidas que incluye:
 

1.- Medidas dirigidas a fortalecer la creación de empleo autónomo: 

-Extensión de la cuota reducida (denominada “tarifa plana”) para los nuevos trabajadores autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia: Se amplía a doce meses, frente a los seis actuales, el período de duración de la cuota reducida para los autónomos que causen alta inicial por primera vez en el sistema de Seguridad Social. Asimismo, para aquellos trabajadores que reemprendan su actividad por cuenta propia, para obtener esta cuota reducida, se reduce a dos años, frente a los cinco actuales, el requisito de no encontrarse previamente de alta en el sistema de Seguridad Social. 
-Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo: Si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo autónomo alcanzará al 100 por ciento. 
-Se crea una nueva bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 100 por 100 durante un período de 12 meses: Se dará en el supuesto de contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 

2.- Medidas dirigidas a facilitar la cotización a la Seguridad Social y reducir cargas administrativas: 

-Se modulan los recargos por ingresos de las cuotas a la Seguridad Social Se rebaja a la mitad el recargo en el caso de abono de las cuotas dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo. 
-Devolución de oficio del exceso de cotización: En los supuestos de pluriactividad, la devolución del exceso de cotización realizado por el trabajador autónomo se realizará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

3.- Medidas dirigidas a generar empleo autónomo de calidad: 

-Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores autónomos: Se incrementa de siete a doce años la edad de los menores a cargo que posibilitan el acceso a la bonificación, por un plazo de hasta doce meses, del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes Se establece una bonificación para las trabajadoras autónomas que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes al cese. En estos casos la cuota por contingencias comunes quedará fijada en 50 euros mensuales durante los 12 primeros meses (o del 80% en caso de que hubiesen optado por una base superior a la mínima). En este supuesto, además, se elimina el requisito de sustituir al trabajador autónomo mediante un contrato de interinidad con un desempleado para disfrutar de esta bonificación. 

-Medidas para mejorar la cotización de los trabajadores autónomos: Los trabajadores autónomos podrán modificar hasta cuatro veces al año la base de cotización por la que viniesen obligados a cotizar. -Medidas para mejorar la formación profesional para el empleo de los trabajadores autónomos: Las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos y de la economía social participarán en la detección de necesidades, diseño, programación y difusión de la oferta formativa para trabajadores autónomos a que hace referencia la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

-Cobertura de contingencias profesionales: accidente in itinere: Se incluye dentro del concepto de accidente de trabajo, el accidente de trabajo el sufrido por el trabajador autónomo al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. 

-Modificación de las altas y bajas de los autónomos en el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA): Se permitirá que hasta tres altas y tres bajas en el RETA dentro de cada año natural tengan efectos desde el momento de inicio o de cese en la actividad, en lugar de por meses completos. 

-Posibilidad de deducirse gastos asociados: Los trabajadores autónomos van a poder deducirse gastos de suministros y manutención vinculados a su actividad. 

-Se reduce el grado de discapacidad exigido (que se fijará en el intervalo entre el 33% y el 65%) a los hijos del trabajador autónomo, mayores de 30 años, afectados por una discapacidad física o sensorial, a efectos de permitir que sean contratados por aquel como trabajador por cuenta ajena.

Se clarifica la obligatoriedad de darse de alta para aquellos trabajadores con ingresos bajos y que no superen en el cómputo anual el Salario Mínimo Interprofesional, así como la puesta en marcha de una cotización especial para autónomos a tiempo parcial, así como la jubilación parcial. Todas estas cuestiones deberán definirse en la Subcomisión para el Estudio del RETA.


lunes, 28 de agosto de 2017

Operaciones con terceros: la declaración se hará en enero

  • Hay preocupación por el adelanto de cuatro declaraciones anuales.

Los asesores fiscales muestran estos días su preocupación en las redes sociales ante las intenciones de Hacienda de adelantar un total de cuatro declaraciones anuales al mes de enero, lo que recortará el tiempo disponible entre el cierre de los ejercicios societarios y la obligación de remitir los resúmenes anuales a la Agencia Tributaria.
Así se establece en un proyecto de orden cuya redacción ultima el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la modificación que más preocupa, tanto a las empresas como a los asesores fiscales es la declaración anual de operaciones con terceras personas -modelo 347- cuyo plazo de presentación concluirá en 2018 el 31 enero en lugar de contar, como hasta ahora, con tiempo hasta el 28 de febrero.
Se prevé también en la futura orden el adelanto a enero en el calendario del contribuyente de las declaraciones anuales de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento (modelo 171); la de entidades en régimen de atribución de rentas (modelo 184), que se realizaban hasta ahora entre el 1 y el 31 de marzo; así como, la de partícipes y aportaciones a planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos (modelo 345), establecida hasta ahora para el mes de febrero.
El texto de la norma mantiene vigente para el mes de enero la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rendimientos del trabajo y de actividades económicas -modelo 190-. En el caso de esta última declaración, se anula la exclusión informativa de las becas cuya cuantía sea inferior a 3.000 euros anuales y se incluye un nuevo documento telemático.
Por otra parte, la entrada en vigor del Sistema Inmediato de Información (SII) del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ha exonerado de presentar las declaraciones informativas correspondientes a los modelos 347 (declaración sobre operaciones con terceras personas), 340 (declaración informativa referida al contenido de los libros registro) y 390 (declaración resumen anual de IVA). Esto se debe a que la información que se facilita actualmente en los citados modelos se encuentra ya incorporada en los datos registrales que puntualmente se deben remitir a la Aeat vía SII, por lo que pasa a ser redundante.

El SII exonera la obligación

La nueva llevanza electrónica de los libros registro del IVA mediante el SII, se realiza desde el pasado 1 de julio. Además, durante todo este ejercicio de 2017, el plazo para la remisión telemática de los datos de facturación y registro se ha ampliado a ocho días naturales, sobre los cuatro previstos a partir de 2018. El Real Decreto regula que los contribuyentes deben remitir los registros del primer semestre del año -del 1 de enero al 30 de junio de 2017- antes del 1 de enero de 2018.
Como compensación por estas reducciones de plazos, su puesta en marcha se complementa en el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, con una ampliación de los días de presentación de los modelos de autoliquidación de IVA correspondientes para cada uno de los grupos de sujetos pasivos afectados -modelos de autoliquidación del IVA 303-, grupos de entidades individual -322.- y grupos de entidades agregado -353-. Estos plazos pasan de expirar el día 20 del mes siguiente al de liquidación de la operación, a prolongarse diez días naturales, hasta el día 30.

sábado, 10 de junio de 2017

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se transponen al ordenamiento jurídico español varias Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores

Este Real Decreto modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, del 7 de enero de 2000, con los siguientes fines y novedades:
 Consecución de una mejor tutela de los derechos de los justiciables en el campo del Derecho de la competencia, de manera que tengan conocimiento de los elementos que les servirán para fundamentar su demanda.
 Regulación de los requisitos para solicitar del tribunal una medida de acceso a fuentes de prueba y un elenco ejemplificativo de posibles medidas.
 Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse antes de la incoación del proceso, en la demanda o durante la pendencia del proceso.
 Se regulan las consecuencias de la obstrucción a su práctica, siempre moduladas por el principio de proporcionalidad, así como las consecuencias de la violación de la confidencialidad.

 Acceso a fuentes de prueba que se encuentren en poder de las Administraciones Públicas y entidades de derecho público. Para este último caso se prevé la imposibilidad de acceso a documentación o material de carácter reservado o secreto.

Protección deudores hipotecarios sin recursos

El Presidente del Gobierno,MARIANO RAJOY BREY Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. BOE 18-03-2017

INDICE enlazado con texto íntegro.

ART

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

Medidas urgentes protección de deudores hipotecarios sin recursos (Modif. RD-ley 6/2012)


Art. 3.1.b) definición del umbral de exclusión

Apartados 4 y 5 del anexo del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual

2

Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. (Modif. Ley 1/2013)


Art.1.1 y 2 Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

 

Disposiciones adicionales

1

Adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual».

2

Medidas complementarias.

 

Disposiciones finales

1

Títulos competenciales.

2

Entrada en vigor: 19/03/2017

 

RESUMEN


Código de Buenas prácticas

Se amplía el colectivo de familias que puede beneficiarse de las medidas del Código de Buenas Prácticas:

2º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, en vez de con dos hijos a cargo, como hasta ahora.
3º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, en vez de menor de tres años, como hasta ahora.
5º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
6ºLa unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.


Se introduce en el Código de Buenas Prácticas el derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual.

Los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013,  que sean a su vez clientes de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas puedan solicitar a la entidad que les sea arrendada su vivienda en condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la entidad. Se establece que el precio máximo anual del alquiler será el 3 % del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación.

Esta solicitud deberá realizarse en el plazo de seis meses a contar, bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, bien desde que la suspensión les sea aplicable, si esta fuera posterior a dicha entrada en vigor.

La disposición adicional primera prevé el procedimiento de adhesión de las entidades financieras a esta nueva versión del Código de Buenas Prácticas con un ámbito de aplicación más inclusivo y con el derecho al alquiler para los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos cuya entidad esté adherida a dicho Código.

Suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables:

Ampliación, por un plazo adicional de tres años, hasta mayo del año 2020, de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013.

Se amplía el ámbito subjetivo de aplicación:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
b) Unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo (suprime requisito de haber agotado prestaciones por desempleo)
f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
g) Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género.
h) El deudor mayor de 60 años.


Recuperación de la propiedad:

La disposición adicional segunda insta al Gobierno a proponer en el plazo de ocho meses medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de su vivienda habitual, cuando esta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda y la posibilidad de que se descuenten determinadas cantidades del mismo para determinar el precio de venta al deudor.


Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. BOE 18-03-2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Desde el año 2012 se han adoptado medidas para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que afectaba a numerosas familias españolas como consecuencia de factores sobrevenidos tras la crisis económica y financiera. La protección del deudor hipotecario ha sido una preocupación constante y la acción de los poderes públicos se ha centrado en aquellos deudores sin recursos que atravesaban situaciones de especial debilidad.

Así, una de las primeras medidas adoptadas en este terreno fue la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables establecida en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectaba a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudicase al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, el real decreto-ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impedía que se procediera al lanzamiento que culminaría, en su caso, con el desalojo de las familias.

Este real decreto-ley fue convalidado y tramitado como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que mantenía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión.

Como complemento a estas normas, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que establecía un Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

Próximo a finalizar el plazo de dos años fijado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y dado que muchas familias aún se encontraban en situación de vulnerabilidad, se consideró oportuno ampliar el plazo de suspensión de los lanzamientos tres años más. Con tal motivo, el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, modificó la Ley 1/2013, ampliando el plazo de suspensión de lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017.

Llegados al momento presente y, a pesar de las importantes acciones conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como mecanismos de flexibilización de los procedimientos de ejecución hipotecaria, existen razones económicas y coyunturales que justifican la adopción de tres tipos de medidas. En primer lugar, resulta conveniente ampliar el ámbito de aplicación de las medidas de protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, lo que supone tanto modificar el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas como el de aquellas personas que se pueden beneficiar de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas. En segundo término, se amplía en tres años adicionales, desde la entrada en vigor de esta norma, la aplicación de la suspensión de lanzamiento. Finalmente, se establecen mecanismos de alquiler en favor de los deudores ejecutados sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de suspensión.

II

Por tanto, en el primer artículo, se amplía el colectivo de familias que puede beneficiarse de las medidas del Código de Buenas Prácticas, incluyendo a familias con hijos menores o en las que exista una víctima de violencia de género.

Asimismo, se modifica en este artículo el Código de Buenas Prácticas para dar la posibilidad de que aquellos beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que sean a su vez clientes de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas puedan solicitar a la entidad que les sea arrendada su vivienda en condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la entidad. Esta solicitud deberá realizarse en el plazo de seis meses a contar, bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, bien desde que la suspensión les sea aplicable, si esta fuera posterior a dicha entrada en vigor.

En el segundo artículo, se plantea la ampliación, por un plazo adicional de tres años, hasta mayo del año 2020, de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013. Asimismo, se amplía el ámbito subjetivo de aplicación, en la misma línea que el Código de Buenas Prácticas. En este sentido, se ajusta la Ley 1/2013, de 14 de mayo, en lo relativo a la definición de los supuestos de especial vulnerabilidad y se posibilita así que un mayor número de familias pueden acogerse a la suspensión.

La disposición adicional primera prevé el procedimiento de adhesión de las entidades financieras a esta nueva versión del Código de Buenas Prácticas con un ámbito de aplicación más inclusivo y con el derecho al alquiler para los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos cuya entidad esté adherida a dicho Código.

Por último, la disposición adicional segunda insta al Gobierno a proponer en el plazo de ocho meses medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando esta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda y la posibilidad de que se descuenten determinadas cantidades del mismo para determinar el precio de venta al deudor.

En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución Española para la aprobación de los reales decretos-leyes. En el momento actual sigue siendo necesario hacer frente a la situación de aquellas familias que continúan sufriendo la adversidad económica, lo que justifica que se amplíe el ámbito subjetivo del Código de Buenas Prácticas. La ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos, cuya finalización es inminente, se hace igualmente necesaria. El plazo previsto finalizará el 15 de mayo de 2017 por lo que recurrir al real decreto-ley como vehículo normativo para ampliar este plazo por otros tres años, está totalmente justificado. Es por ello por lo que la adopción de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Competitividad y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de marzo de 2017,

DISPONGO:

Artículo 1. Modificación del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.


Uno. El artículo 3.1.b) del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, queda redactada del siguiente modo:

«b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.

Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:

1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
5.º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
6.º La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género.
7.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.»

Dos. Se modifican los apartados 4 y 5 del anexo del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, aprobado por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que quedan redactados en los siguientes términos:

«4. Derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual. El deudor hipotecario ejecutado cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, o persona que actúe por su cuenta, el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3 por cien de su valor al tiempo de la aprobación del remate, determinado según tasación, aportada por el ejecutado y certificada por un tasador homologado de conformidad con lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo de Regulación del Mercado Hipotecario.

La solicitud a la que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2017, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, para aquellos ejecutados que ya fueran beneficiarios de la suspensión y desde que se produzca la suspensión para quienes se beneficiasen con posterioridad.

Dicho arrendamiento tendrá duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales.

5. Publicidad del Código de Buenas Prácticas. Las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes.»

Artículo 2. Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.


Los apartados 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, quedan redactados como sigue:

«1. Hasta transcurridos siete años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.
Durante ese plazo, el ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda adherido al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, aprobado por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, o persona que actúe por su cuenta, el alquiler de la misma en las condiciones establecidas en el apartado 5 del anexo de dicho Código.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
b) Unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo.
f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
g) Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género.
h) El deudor mayor de 60 años.»

Disposición adicional primera. Adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual».


1. Todas las entidades que a la entrada en vigor de este real decreto-ley se encontrasen adheridas al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», regulado en el anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de conformidad con la redacción vigente en el momento de su adhesión, se considerarán adheridas al mencionado Código en la redacción dada en este real decreto-ley, salvo que en el plazo de un mes desde su entrada en vigor comuniquen expresamente a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el acuerdo de su órgano de administración por el que solicitan mantenerse en el ámbito de aplicación de las versiones previas que correspondan.

2. En los diez días siguientes al transcurso del plazo de un mes establecido en el apartado anterior, la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación del listado de entidades adheridas en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado». Las posteriores comunicaciones se publicarán trimestralmente en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que no hubiera modificación alguna.

Disposición adicional segunda. Medidas complementarias.


El Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando esta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda misma, la posibilidad de que se descuenten del mismo una parte de las cantidades satisfechas por el ejecutado para la amortización del préstamo o crédito origen de la ejecución y las mejoras realizadas a su cargo durante el período en el que estuvo suspendido el lanzamiento, así como otros factores que garanticen un precio equitativo en la recuperación de la vivienda, evitando situaciones de asimetría en este proceso.

Disposición final primera. Títulos competenciales.


Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 8.ª, 11.ª, 13.ª y 14.ª del artículo 149.1 de la Constitución española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislación mercantil y procesal, legislación civil, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.


Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 17 de marzo de 2017.
FELIPE R.