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martes, 20 de febrero de 2018

El cine y la justicia

¡Ya tenemos las 10 mejores películas jurídicas de la historia del cine! Cerca de 1300 internautas eligieron como top 10 del cine jurídico.


12 hombres sin piedad


Dir: Sidney Lumet, 1957 (EEUU)

Matar a un ruiseñor

Dir: Robert Mulligan, 1962 (EEUU)

Testigo de cargo

Dir: Billy Wilder, 1957 (EEUU)

Cadena perpetua

Dir: Frank Darabont, 1994 (EEUU)

Algunos hombres buenos

Dir: Rob Reiner, 1992 (EEUU)

En el nombre del padre

Dir: Jim Sheridan, 1993 (Irlanda)

Philadelphia

Dir: jonatham Demme, 1993 (Estados Unidos)

La tapadera

Dir: Sydney Pollack, 1993 (EEUU)

El verdugo

Dir: Luis García Berlanga, 1963 (España)

Anatomía de un asesinato

Dir: Otto Preminger, 1959 (EEUU)

viernes, 16 de febrero de 2018

La empresa no realizo correctamente la retención del IRPF

La empresa no realizo correctamente la retención del IRPF, pero por ser el trabajador sujeto pasivo de la deuda tributaria, es de su cargo y no del empresario, el abono de la diferencia entre lo que se le retuvo y lo que realmente se le debía retener.
En el presente caso, el trabajador fue despedido de manera improcedente, y ambas partes acordaron una indemnización mediante pacto de no competencia, sin embargo, la empresa no cumplió con la obligación que deriva del artículo 99.2 LIRPF, es decir, no realizó correctamente la retención e ingreso a cuenta.
Así pues, se ingresó en Hacienda una cantidad inferior a la que correspondía en atención a la cantidad bruta percibida por el trabajador, al entender indebidamente que se trataba de una renta irregular. Por ello, debe ingresarse la diferencia entre lo que se le tuvo que retener y lo que efectivamente se le retuvo.
En consecuencia, se concluye que siendo el trabajador, el sujeto pasivo de la deuda tributaria derivada del percibo de una indemnización, es de su cargo y no del empresario, el abono de la diferencia entre lo que se le retuvo y, efectivamente, se le debía retener e ingresar a cuenta.
No obstante, al ser obligación del empresario la obligación de retener y efectuar el ingreso a cuenta, el incumplimiento de dicha obligación debe redundar en su perjuicio, sin que pueda eximírsele de dicha responsabilidad, pudiendo el trabajador repercutirle los perjuicios sufridos con ocasión del defectuoso cumplimiento empresarial.

jueves, 15 de febrero de 2018

DOCE HOMBRES SIN PIEDAD. CINE PARA OPERADORES JURÍDICOS

La película me ha encantado, vuelvo a verla en la versión española y americana porque veo nuevas cosas interesantes. Muy recomendada para ver la verdadera esencia de las relaciones humanas y lo poco asépticos que podemos ser debido a lo que captamos;la salud se entiende mejor en términos de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Me recuerda estas frases:
 
"ES MÁS DIFÍCIL DESTRUIR UN PERJUICIO QUE UN ATÓMO" Albert Einstein.
"EL HOMBRE ES UN LOBO PARA EL HOMBRE" Hobbes
 
El drama representa un jurado obligado a considerar un juicio por homicidio. Al principio, tienen una decisión casi unánime de culpabilidad, con un único disidente de no culpable, que a lo largo de la obra siembra la semilla de la duda razonable. La historia comienza después de que los alegatos finales han sido presentados en el caso del homicidio. Al igual que en la mayoría de los casos penales de Estados Unidos, los doce hombres deben adoptar su decisión por unanimidad sobre un veredicto de "culpable" o "no culpable". La persona imputada es un joven acusado de asesinar a su propio padre. Al jurado se le indica además que un veredicto de culpabilidad conllevará necesariamente una sentencia de muerte. Los doce pasan a la sala del jurado, donde empiezan a familiarizarse con sus respectivas personalidades. A lo largo de sus deliberaciones, no se llaman por su propio nombre, sino por el número adjudicado. Varios de los miembros del jurado tienen diferentes razones para mantener prejuicios en contra del imputado: su raza, su origen, y la conflictiva relación entre un miembro del jurado y su propio hijo.
 
 
Fuente Wikipedia.

miércoles, 14 de febrero de 2018

En la prevaricación es posible la comisión por omisión

En el caso enjuiciado, en instancia, la tolerancia por parte de una ayuntamiento de una actividad industrial sin licencia, durante once años, no se consideraba prevaricación administrativa sino infracción de la legalidad urbanística.
 
Así pues, ante la inacción municipal, la parte actora hubo de dirigirse a la jurisdicción contencioso-administrativa y comprobar cómo la administración se oponía a la demanda mediante el dictado de un decreto al que después la propia Administración decidió no dar cumplimiento, lo que puede calificarse, después de once años de inactividad inspectora, de ataque grave a la legalidad necesitado, por ello, de protección penal.
 
Se determina que para apreciar la comisión de un delito de prevaricación, es necesario:
 
1. Una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo;
2. Que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal;
3. Que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable;
4. Que ocasione un resultado materialmente injusto;
5. que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la particular voluntad de la autoridad o funcionario, y su actuación a sabiendas que estaba cometiendo de manera arbitraria un acto de injusticia.
 
El Tribunal Supremo concluye que considerada la prevaricación como delito de infracción de un deber, éste queda consumado en la doble modalidad de acción u omisión con el claro apartamiento de la actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad, convirtiendo su comportamiento en expresión de su libre voluntad, y por tanto en arbitrariedad. Es cierto que no toda omisión puede constituir el comportamiento típico de un delito de prevaricación porque no cualquier omisión de la autoridad o funcionario puede considerarse equivalente al dictado de una resolución.
 
Así pues, la posibilidad de prevaricación omisiva concurre en aquellos casos en los que la autoridad o funcionario se vea impelida al dictado de una resolución bien porque exista una petición de un ciudadano y el silencio de la autoridad o funcionario equivalga legalmente a una denegación de la petición, o bien porque exista una norma que de forma imperativa imponga la adopción de una resolución.
 
En el caso planteado, concurren los requisitos citados para que concurra el delito, en tanto en cuanto, los encausados no ejercieron las facultades inspectoras desde el principio. La empresa realizó las obras proyectadas y ejercitó su actividad desde el año 2000 sin que los encausados hicieran nada por impedirlo como era su obligación.

La plusvalía municipal, nula aunque la vivienda suba de valor

La plusvalía municipal, nula aunque la vivienda suba de valor

Cada vez más tribunales entienden que mientras no haya nuevo impuesto no se puede cobrar plusvalía

Si vendiste tu casa en Madrid o Barcelona es muy posible que te devuelvan el impuesto

 

Cataluña, Madrid, Castilla y León, Galicia, Canarias,… cada vez son más los juzgados y tribunales que anulan las liquidaciones de plusvalía practicadas por los ayuntamientos incluso cuando la vivienda subió de valor. La actual situación provoca, para estos tribunales, una suerte de nulidad automática de este controvertido impuesto que grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble. Conforme a esta interpretación, habría dejado de tener soporte legal tras la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en junio de 2017 (pincha aquí para acceder al texto de la sentencia). Una buena noticia para miles de contribuyentes que pagaron religiosamente y a los que, a la vista del criterio seguido por estos tribunales, les puede compensar embarcarse en un litigio para recuperar su dinero.

En este sentido, Leopoldo Gandarias Cebrián, abogado experto en derecho tributario del despacho Alliantia, anima sin duda a aquellos que puedan demostrar la inexistencia de un incremento del valor del terreno, a acudir a los tribunales e intentar recuperar así lo pagado indebidamente. "Siempre que estén en plazo para solicitar la rectificación de sus autoliquidaciones o de recurrir las liquidaciones practicadas por su ayuntamiento", aclara Gandarias. En otros casos, el abogado aconseja un análisis individualizado, "en función del sentido de la jurisprudencia dominante de los juzgados o tribunales llamados a resolver el asunto, sin perjuicio de los recursos de casación admitidos a trámite hasta ahora". ¿Cuáles son esos otros supuestos?

Uno de los casos más recientes ha sido la anulación de la plusvalía exigida a una mujer que heredó diez inmuebles de su abuela en Las Palmas de Gran Canaria. En su argumentación, el juzgado de lo contencioso (pincha aquí para acceder al texto de la sentencia) acoge la "vía amplia" ya apuntada: los artículos declarados inconstitucionales han quedado “expulsados” del ordenamiento jurídico y, por tanto, ya no es necesario demostrar que no ha existido realmente ganancia en este periodo de tiempo, sino que todas las liquidaciones realizadas sobre la base de la norma son nulas. Las cantidades abonadas para el pago del impuesto ascendían a 11.344 euros.

Los propietarios de inmuebles o terrenos en Madrid o Cataluña también cuentan con una jurisprudencia favorable a la devolución del impuesto. Así, en una sentencia de octubre de 2017 (pincha aqui para acceder al texto de la sentencia), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña apelaba a esta interpretación de la sentencia del Constitucional para anular una plusvalía de más de 80.000 euros reclamada a una inmobiliaria por el Ayuntamiento de Terrasa. La mercantil contaba con la sentencia favorable del juzgado de lo contencioso de Barcelona, que el tribunal confirma pero con otros argumentos. No corresponde, según interpreta el TSJ, ni a la Administración ni a los jueces y tribunales determinar cuándo se ha de exigir el impuesto, una vez eliminados los artículos de referencia. Solo el legislador puede llevar a cabo esta función. Ello obliga a anular cualquier liquidación del impuesto que se practique actualmente, lo contrario, señala la sentencia, sería "dejar al libre arbitrio del aplicador", los entes locales en vía de gestión o los órganos judiciales en vía de revisión, tanto la determinación de los supuestos sujetos a impuesto como la forma en que se calcula el "eventual incremento".

Los mismos razonamientos esgrime el TSJ de Madrid para anular, en una sentencia del julio de 2017 (pincha aquí para acceder al texto de la sentencia), la plusvalía exigida por el Ayuntamiento de Getafe a una inmobiliaria, revocando la sentencia del juzgado de Madrid que conoció del caso en primera instancia.

En Cataluña, los consistorios han llegado a solicitar la suspensión del procedimiento hasta que el legislador lleve a cabo la nueva regulación del impuesto. Opción rechazada por no venir prevista en la ley procesal, como señala el juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Barcelona en sentencia de noviembre de 2017.

¿Dónde litigar?

Frente a esta tendencia, según la que la anulación de las liquidaciones es obligada en todo caso, se alzan aquellos tribunales (Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana) que interpretan la sentencia del Constitucional (STC 59/2017, de 11 de mayo), en el sentido de que el impuesto se puede exigir solo cuando haya plusvalía. Para estos tribunales el impuesto se mantiene vivo para los casos en los que realmente ha existido un incremento de valor de los inmuebles en el momento de la transmisión, esto es, una plusvalía. Para devolver el pago del impuesto, exigen al contribuyente una prueba de lo contrario, a través de un informe pericial, o, incluso, mediante la comparación de los valores que se consignan como precio de compra y de venta en las escrituras. Incluso hay jueces que trasladan la carga de la prueba al consistorio que pretende cobrar el impuesto.

En la actual situación, con una división de opiniones muy repartida entre los órganos judiciales y mientras el legislador no regule de nuevo el impuesto, los ayuntamientos y los obligados tributarios se acogen a la interpretación jurisprudencial más favorable para intentar pelear el impuesto cuota a cuota, cantidades, en la mayoría de los casos, nada desdeñables.

El Tribunal Supremo, por su parte, ya ha admitido a trámite dos recursos de casación para la formación de jurisprudencia sobre este asunto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley. Será el Supremo el que elabore, en última instancia, el criterio jurídico a aplicar en todo el territorio nacional.

Por tanto, como indica Gandarias, el panorama sigue abierto, "lo que sin duda provocará, al menos a corto plazo, un incremento de la litigiosidad, a la espera de los pronunciamientos pendientes del Tribunal Supremo". Tampoco descarta que se pronuncie de nuevo el Constitucional, ante el caos causado por las insuficiencias de sus anteriores sentencias. El legislador debería mantener la no sujeción de las situaciones en que las se acredite que no ha existido incremento de valor, señala el abogado, pero, en todo caso, no debería incidir sobre situaciones favorables ya consumadas porque, en su opinión, "no existen exigencias cualificadas 'del bien común' o de 'interés general' que permitan oponerse al principio de seguridad jurídica".

Pasarás a ser todo un experto sobre liquidación de los tributos locales pinchado aquí.

¿Quién paga las costas?

Una cuestión a tener en cuenta es el pago de las costas del proceso. Los tribunales, conscientes de la especial situación en esta materia, en la que no hay una posición clara, no suelen imponer este gravamen a la parte que pierde el litigio, en los casos citados los ayuntamientos.
 
Tributos Fuente: El pais

domingo, 11 de febrero de 2018

Un informe psicológico en un procedimiento judicial puede vulnerar el derecho al honor

El Tribunal Supremo aprecia la vulneración del derecho al honor por parte de un médico psiquiatra al manifestar en un informe que fue aportado a un procedimiento que el demandante padecía de una enfermedad psicológica “prototípica de varón maltratador”
 
En el caso enjuiciado, el recurrente había demandado a un médico psiquiatra que había emitido un informe para la esposa del recurrente, mientras se encontraban en trámites de separación y divorcio, y que había denunciado al recurrente por un delito de amenazas en el ámbito familiar. La ex mujer del recurrente aportó el informe al juzgado solicitando una medida de protección.
 
El informe, elaborado con las meras manifestaciones de la mujer, manifestaba que el recurrente padecía una “celotipia delirante paranoide”, un trastorno que resulta ser prototípico de los hombres maltratadores.  Posteriormente, el recurrente fue sometido a otras pruebas periciales donde se declaró que no padecía trastorno alguno, desmintiendo el primer informe. El recurrente alegaba que el informe fue la base principal de su incriminación y que, si bien fue finalmente absuelto, le había causado un estigma de ser acusado y tenido como un maltratador.
 
El juzgado de instancia desestimó la demanda, al igual que la Audiencia Provincial, al considerar que el diagnóstico no podría ser considerado ni injurioso ni insultante, siendo un mero juicio de valor médico, obtenido desde sus conocimientos científicos.
 
El Tribunal Supremo, al contrario que los juzgados anteriores, considera que el informe es diferente del pericial en el que el profesional realiza unas declaraciones que se basan en su trabajo profesional para influir en la toma de decisiones judiciales. Si no que se trata de un “informe de complaciencia”, que no tiene la misma protección que un peritaje, y que es utilizado por una de las partes de una pareja en crisis matrimonial para ser utilizado en contra de la otra parte, hasta el punto de llegar a provocar la apertura de unas diligencias penales.
 
Así las cosas, señala el alto tribunal que “el grado de afectación del derecho al honor es indudable frente a la actuación del demandado”, pues se trata de un informe que realiza un “diagnóstico innecesario para poder determinar la realidad familiar de su paciente frente a su esposo e injustificado respecto de una persona que no era paciente del demandado al que ni siquiera examinó específicamente y de la comunicación o revelación a su paciente de unas conclusiones médicas sobre la patología observada, lo que supone un menoscabo de la dignidad y reputación del mismo, que no estaba justificado por el ejercicio de su profesión en cuanto llega a unas conclusiones indudablemente graves sobre el demandante con la única base de las manifestaciones subjetivas de la esposa y con el único ánimo de desprestigiar a su persona o de facilitar que así fuera, como lo fue, lo que no está amparado en un ejercicio legítimo de su profesión, con vulneración del artículo 7.4 de la LO 1/1982”.
 
Por lo que el Tribunal Supremo finaliza estimando el recurso de casación y declara que le deberá ser abonado en concepto de indemnización 6.000 euros, por la escasa difusión del informe.

miércoles, 7 de febrero de 2018

STJUE (Gran Sala) de 14 de noviembre de 2017. Asunto C 165/16

29 Ene, 2018.- Procedimiento prejudicial. Ciudadanía de la Unión. Artículo 21 TFUE. Directiva 2004/38/CE. Beneficiarios. Doble nacionalidad. Ciudadano de la Unión que ha adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida conservando su nacionalidad de origen. Derecho de residencia, en dicho Estado miembro, de un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia del ciudadano de la Unión.
 
«La Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la cual un ciudadano de la Unión ha hecho uso de su libertad de circulación al trasladarse a un Estado miembro distinto del de su nacionalidad y residir en él, en virtud del artículo 7, apartado 1, o del artículo 16, apartado 1, de esta Directiva, ha adquirido posteriormente la nacionalidad de ese Estado miembro, conservando al mismo tiempo su nacionalidad de origen, y, varios años después, ha contraído matrimonio con un nacional de un tercer Estado con el que continúa residiendo en el territorio de dicho Estado miembro, ese nacional no disfruta de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro en cuestión sobre la base de la citada Directiva. No obstante, puede disfrutar de tal derecho de residencia en virtud del artículo 21 TFUE, apartado 1, con sujeción a unos requisitos que no deberán ser más estrictos que los contemplados en la Directiva 2004/38 para la concesión de ese derecho a un nacional de un tercer Estado que es miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación instalándose en un Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad posee.»
 
Fuente: ICAM